Las redes sociales ya no son inocentes
El pasado 29 de enero, El País publicaba el artículo Las redes sociales, al banquillo por sus mecanismos adictivos. Entonces comencé a escribir esta entrada que en una semana prácticamente ha dado un paso más, pero queda bien como precedente a lo que estaba por venir. En estos días el Gobierno se ha pronunciado con una declaración de intenciones en la línea de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, pero esa entrada está en proceso, en breve la compartiré.
El caso es que durante años se ha aceptado la idea de que las redes sociales son herramientas neutrales, simples canales de comunicación, y que las consecuencias, beneficios o perjuicios dependen del uso que se les dé. Recuerdo perfectamente la ilusión que teníamos en 1999, cuando empecé a navegar en la Universidad por Internet con esa sensación de libertad y de tener acceso a toda la información de todo el mundo con total libertad.
El cuarto de siglo que ha pasado desde entonces ha desvelado otra realidad, que como ya se ha señalado en otras entradas de este blog, fruto de investigaciones llevadas a cabo en los últimos años, demuestran que detrás de las redes sociales hay intereses que están muy lejos de la libertad, al menos de la libertad de todos. Hoy empiezan a sentarse en el banquillo no por lo que alojan, sino por cómo están diseñadas. El foco ya no está en el contenido, sino en los mecanismos que generan adicción: scroll infinito, notificaciones constantes, recompensas imprevisibles o algoritmos que aprenden qué nos retiene más tiempo. Nada de esto es casual. Es ingeniería conductual, psicología, sociología y antropología, al servicio de un único objetivo: maximizar permanencia, datos y dependencia. Y en ese modelo, nuestros menores, no nuestros hijos, nuestros ciudadanos menores de edad, nuestros futuros ciudadanos adultos son el activo más valioso.
No es un fallo casual de las plataformas al proteger a los niños; cumplen exactamente con su lógica interna: crecimiento primero, bienestar después. El problema no es un error del sistema. Es el sistema funcionando como fue concebido. Las redes no se equivocan cuando enganchan a los niños. No es un accidente ni un efecto secundario indeseado. Hacen exactamente aquello para lo que han sido diseñadas. Su lógica interna es empresarial: más tiempo en pantalla, más datos, más publicidad y más beneficio.
Dentro de ese modelo, proteger al menor es secundario. No porque sean malvados, sino porque su estructura de incentivos no está pensada para educar, sino para crecer. Son empresas, negocios. Si una función aumenta el tiempo de uso, se mantiene, aunque genere dependencia. Si una medida reduce la permanencia, se descarta, aunque sea saludable. Por eso no estamos ante fallos puntuales que se puedan corregir con buena voluntad. Estamos ante un diseño coherente con su objetivo económico.
La tensión no es técnica; es moral y política. ¿Quién debe decidir cómo se configura el entorno donde se forma un niño: una empresa cuyo fin es el beneficio o una sociedad cuyo fin es educar?
Que tribunales y fiscalías empiecen a intervenir marca un cambio de paradigma. Se empieza a asumir que estas plataformas son infraestructuras críticas que moldean hábitos, atención y carácter. Igual que se regula una escuela, una carretera o un medicamento, habrá que regular los entornos digitales donde se forman nuestros hijos. Nunca antes habíamos permitido que agentes privados compitieran con la familia y la escuela en la construcción del carácter sin control externo. Hoy lo hacemos. Y lo hacemos en un terreno gobernado por incentivos económicos.
Si el Estado no recupera soberanía sobre estos espacios, la educación seguirá jugando en campo ajeno. Y en campo ajeno, siempre gana quien diseña las reglas del juego.
