De la brecha de acceso a la brecha de protección
Los ricos dan menos el móvil a sus hijos. Así se titula el artículo publicado recientemente en El País que me ha llevado a escribir esta entrada. No es un titular anecdótico; es un síntoma. Algo está cambiando cuando quienes más recursos tienen empiezan a retirar aquello que durante años se presentó como condición indispensable del progreso. A mi juicio, estamos ante un momento decisivo en la integración de la tecnología en la escuela: un auténtico punto de inflexión. La tecnología deja de ser emblema de modernidad, escaparate de innovación y argumento de marketing educativo, para ocupar el lugar que siempre debió tener: el de herramienta subordinada a fines pedagógicos claros. Este giro no es coyuntural ni responde a una moda pasajera. Es el resultado de veinticinco años de entusiasmo acrítico, inversión masiva y promesas infladas. Llevamos un cuarto de siglo intentando hacer comprender que acumular dispositivos no equivale a mejorar el aprendizaje, que más pantalla no es más educación, y que cantidad, sencillamente, no es calidad.
Durante todo este tiempo, quienes investigamos en educación hemos observado la aparición sucesiva de distintas brechas asociadas a la velocidad con la que la tecnología ha penetrado en la sociedad. La primera fue la brecha de acceso: los hogares con más recursos podían disponer de dispositivos, conectividad y servicios digitales, mientras los más desfavorecidos quedaban rezagados. La respuesta institucional fue invertir en infraestructuras escolares para garantizar que todos los alumnos tuvieran acceso. Superada parcialmente esa fase, emergió la brecha de uso y competencias. En contextos de acceso similar, quienes sabían utilizar mejor la tecnología avanzaban con rapidez frente a quienes, por falta de habilidades, quedaban atrás. La reacción fue la alfabetización digital, el Marco Común de la Competencia Digital Docente, la propia competencia digital docente, la competencia digital para el alumnado como competencia básica, o clave (según la normativa). Más adelante apareció la brecha de intensidad de uso, la cual apunta a que, incluso con acceso y competencias, no todos utilizan la tecnología de forma saludable. Algunos acumulan horas de exposición y prácticas poco constructivas e incluso perjudiciales para la salud mental. Esta dimensión también ha sido ampliamente estudiada y documentada como hemos dejado constancia en varias entradas de este blog. La respuesta está aún por ver, ahora estamos en el debate, entre la regulación del acceso de los menores a las redes sociales, el diseño de programas de intervención por parte de la escuela, la definición de pautas para las familias y las acciones para compensar lo que los niños, jóvenes y adultos hemos perdido por el camino.
Pero hoy asistimos a la emergencia de una nueva brecha, quizá la más reveladora hasta ahora, porque señala un cambio estratégico. Los datos recientes del Instituto Nacional de Estadística muestran que el patrón por nivel de ingresos ha variado respecto a hace una década. En 2016, cuando yo estaba terminando mi tesis doctoral sobre la integración de las TIC en Educación Primaria en la Región de Murcia, el dato objetivo era que los menores de hogares con menos recursos tenían menos dispositivos, y en ese momento se luchaba por compensar esa injusticia social y esa desigualdad de oportunidades. Pero ahora, en 2025, la diferencia se reduce e incluso se invierte en determinados tramos: las familias con mayores ingresos retrasan más la entrega del móvil o establecen límites más estrictos y son las familias con menos ingresos y menor capital cultural los que entregan antes el móvil a sus hijos y apenas ponen límites a su tiempo de exposición.
La brecha económica se diluye y aparece una brecha estratégica. El dispositivo es asequible; se financia, se renueva, se distribuye con facilidad. El mercado ha hecho su trabajo. Hoy casi cualquier familia puede tener un móvil, una tablet y conexión a Internet. Lo diferencial ya no es la posesión, sino la decisión de cuándo entregarlo y cómo regular su uso. Las familias con mayor capital cultural y, por tanto, con mejor acceso y asimilación de información científica parecen proteger con mayor firmeza el tiempo cognitivo de sus hijos. Y este giro no es improvisado. Hace más de una década se publicaban reportajes sobre trabajadores de Silicon Valley que restringían el uso de pantallas en sus hogares y optaban por escuelas con mínima presencia tecnológica. En 2020, el documental El dilema de las redes sociales volvió a poner sobre la mesa el coste real de determinados modelos de negocio digitales. En aquel momento muchos interpretamos esos planteamientos como exageraciones. La promesa de democratización y progreso pesaba más que la prudencia, pero con la evidencia acumulada sobre los efectos de aquellos dispositivos creados en Silicon Valley en la atención, autocontrol, rendimiento académico y bienestar psicológico, aquella cautela resulta hoy más razonable.
El recorrido es claro: acceso, competencia, intensidad de uso y, ahora, protección frente a la exposición. Tras más de veinticinco años intentando corregir las desigualdades generadas por la digitalización acelerada, ¿cabe la posibilidad de que el propio diseño del ecosistema tecnológico haya estado siempre orientado a producir esas desigualdades?
La ventaja actual ya no consiste solo en estar conectado ni en dominar herramientas digitales, sino en saber regular, y autorregular, la relación con ellas. La ventaja es cultural: tomar decisiones informadas sobre cuándo, cómo y para qué se introduce un dispositivo en la vida de un menor. Aquí cuenta mucho el trabajo de familia y escuela, cuenta la formación, cuenta la experiencia y, sobre todo, cuenta el valor de lo que los expertos de verdad, no influencers, aportan a este campo, no solo lo que dicen los expertos que se alinean con nuestra idea sino los argumentos que se enfrentan y que nos permiten construir un pensamiento crítico que nos proteja de la mentira, o de las medias verdades.
Hay que tener en cuenta que, históricamente, cuando los grupos con mayor capital cultural modifican antes sus hábitos de consumo es porque han identificado un coste oculto en el modelo dominante. Ocurrió con el tabaco, cuando durante décadas fue símbolo de estatus y sofisticación hasta que la evidencia científica obligó a cambiar de rumbo. Ocurrió también con determinados productos ultraprocesados, inicialmente asociados a comodidad y progreso, y hoy vinculados a problemas de salud pública. El patrón es el mismo. Primero exclusividad, luego adopción masiva, después normalización, más tarde evidencia de daños y, finalmente, retirada estratégica por parte de quienes antes tienen acceso a información y criterio.
Si unas familias limitan deliberadamente la exposición digital de sus hijos mientras otras no pueden hacerlo en la misma medida, estamos ante una nueva forma de desigualdad. Unos acumulan horas de pantalla y estimulación constante; otros preservan tiempo para la lectura, la conversación y la experiencia directa. Unos delegan el entretenimiento en algoritmos diseñados para maximizar la permanencia; otros gestionan el entorno para proteger la atención como un recurso escaso. La diferencia no es tecnológica, es cultural y estratégica. Lo relevante es que esta brecha no se percibe a simple vista. No hablamos de quién tiene dispositivo, sino de quién tiene la capacidad para regular su impacto.
En términos educativos, eso se traduce en trayectorias distintas. Debemos trabajar la concentración sostenida frente a dispersión crónica, el pensamiento profundo frente a consumo fragmentado, la autonomía frente a dependencia de estímulos externos. Cuando la gestión del tiempo cognitivo se convierte en un privilegio, la desigualdad adopta una forma más sofisticada y, precisamente por ello, más difícil de detectar y corregir. Nos ha tocado vivir una época que se mueve a una velocidad vertiginosa y precisamente ese factor afecta a uno de los más preciados tesoros de quienes quieren lucrarse a costa de nosotros, ese tesoro es nuestra atención, y la falta de atención, de encontrar el foco del problema es una de las mayores vulnerabilidades de la educación, tanto en casa como en la escuela. Los que tenemos que salvar tenemos que salvarnos también y recuperar nuestra atención.
La brecha que se perfila no será quién tiene dispositivo, sino quién puede permitirse que el dispositivo no dicte el ritmo de su atención, de su aprendizaje y, en última instancia, de su desarrollo integral como persona.
