Entre la ley, el algoritmo y la educación: cuando los adultos llegamos tarde

El debate sobre la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años se ha extendido a nivel internacional desde que, a finales de 2025, Australia aplicó de forma efectiva una restricción concreta para este tramo de edad. A partir de ese momento, países como Francia y Dinamarca avanzaron con límites similares, fijando la edad mínima en los 15 años, mientras que otros países como Reino Unido, Alemania, Grecia, Estados Unidos o Malasia comenzaron a introducir restricciones, ajustes normativos y medidas de protección, sin llegar a una prohibición absoluta. En este contexto, la intención del Gobierno español de regular el acceso ha copado titulares, editoriales y mensajes incendiarios por parte de los grandes actores tecnológicos. Gobiernos, plataformas y medios debaten sobre libertades, control y censura. Sin embargo, cuanto mayor es el ruido político, más se diluye la cuestión verdaderamente relevante: qué ha hecho la educación y hasta dónde alcanza la responsabilidad de los adultos ante un entorno digital que ha evolucionado más rápido que nuestra capacidad para acompañar a los menores.

La noticia de El País del 4 de febrero establece el marco inicial del debate desde una perspectiva fundamentalmente normativa y política, presentando la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años como una respuesta necesaria ante los abusos de las grandes plataformas y el impacto de sus algoritmos. Señala que el tiempo del uso responsable de la tecnología ha quedado atrás, que no ha funcionado, y que ha llegado el momento de la regulación: reglas claras, sanciones y asunción de responsabilidades. Como ya se apuntaba en otra entrada de este blog, las redes no son neutrales y existen evidencias de lo que empezaba a vislumbrarse hace años. El menor, en este contexto, aparece como el eslabón débil, y el daño no procede únicamente del contenido, sino que es estructural y algorítmico, algo que una parte importante de la población ni siquiera es capaz de comprender en profundidad, aunque lo escuche nombrar de forma reiterada.

Aunque esta iniciativa todavía tiene recorrido, ya que por ahora se trata de una declaración de intenciones que debe pasar por distintos niveles de aprobación, presenta grietas evidentes, como el impacto en la privacidad de los menores derivado de la verificación de edad o la propia viabilidad de esa verificación. También es previsible, y probablemente ocurra, que los menores migren hacia plataformas opacas o no reguladas, del mismo modo que viene sucediendo desde hace años con las descargas ilegales de películas, música o libros electrónicos.

En mi opinión, que desarrollaré al final de esta entrada, esta medida es necesaria. Desde hace tiempo estoy convencido de que hay que intervenir en la relación entre tecnología y población, porque no está ofreciendo buenos resultados. La medida llega tarde, ya que el problema lleva años siendo evidente. El diagnóstico me parece acertado: proteger primero y debatir después, cuando llevamos demasiado tiempo debatiendo. Eso sí, debe ir acompañada de una alfabetización digital clásica, apoyada en la familia y la escuela, que es donde realmente se alfabetiza. Es imprescindible delimitar con claridad tiempos y diseño, contar con una inspección real y aplicar sanciones ejemplares.

El enfoque de ABC desplaza el foco desde la protección del menor hacia los riesgos de un exceso de intervención estatal. En esta perspectiva, la infancia deja de ser el fin y pasa a convertirse en una coartada política. Se denuncia, de algún modo, que los menores están siendo utilizados con fines políticos, situando la libertad de expresión como eje central del debate y dejando al menor en un segundo plano. El artículo cuestiona los argumentos que impulsan la prohibición apoyándose en conceptos como odio y polarización, considerados difusos, especialmente en el plano jurídico. Alerta, además, de la capacidad de los menores para burlar la prohibición mediante el uso de VPN, accesos cruzados u otras estrategias, así como del riesgo de una deriva hacia un “ministerio de la verdad” digital al más puro estilo 1984 (George Orwell). Desde esta posición, se reclama una definición precisa de los términos y una delimitación clara de la frontera entre protección y control.

Nos encontramos aquí ante un enfoque liberal clásico, articulado desde el temor al exceso de poder estatal. Esta postura equilibra, en parte, otras posiciones que, como veremos, tienden a minimizar el daño estructural que ya se ha demostrado en los menores, tal y como se ha recogido en diversas entradas de este blog. Personalmente, considero que este artículo introduce un necesario elemento de contención frente a otros posicionamientos, pero llega tarde al diagnóstico, ya que el espacio digital no es neutral y mucho menos libre. No es posible proteger la libertad de expresión sin imponer reglas al algoritmo. El debate, como se verá, no es si regular o no, sino quién ejerce el control, y los límites deberán establecerse en ambos bandos.

La noticia de El Mundo del 4 de febrero aporta una lectura distinta al desplazar el foco desde el contenido de la medida hacia su recorrido político y su falta de ejecución. En este caso, se centra en el fracaso de un proceso iniciado hace aproximadamente dos años y que ha permanecido bloqueado por choques internos en el Gobierno, junto con una cierta apatía parlamentaria. La prohibición lleva anunciada ese tiempo, pero se ha ido aplazando mediante enmiendas hasta en 21 ocasiones. El resultado ha sido, y conviene no dar nada por cerrado, una ley antipantallas atascada mientras los menores, esta generación, siguen expuestos. En términos prácticos, más titulares y ninguna ejecución. El Mundo apunta así a un problema de gobernanza, a la falta de coordinación entre ministerios y, en definitiva, a una dinámica ya conocida: el uso del asunto como arma política en lugar de como política pública. La protección del menor queda subordinada a un juego interno de poder.

Ahora el proceso se acelera aprovechando la ventana europea y el creciente coste reputacional de la inacción, que empieza a ser elevado. Desde esta perspectiva, el giro responde más a una reacción que a una estrategia. El Mundo subraya un elemento clave: sin publicación en el BOE todo queda en el plano del relato y no existe protección efectiva. Con todo, desde mi punto de vista, reducir el problema a una cuestión de incompetencia política resulta insuficiente, ya que deja fuera el trasfondo estructural del modelo actual de redes sociales y sus efectos, y no atiende a la urgencia del daño que la tecnología está causando en los menores. El artículo, así, complementa el resto de informaciones, más centradas en explicar qué se pretende hacer y los riesgos de hacerlo mal, poniendo el acento en por qué no se ha hecho nada hasta ahora.

La noticia de La Verdad, diario de la Región de Murcia, ofrece una lectura más discursiva y política del anuncio gubernamental, poniendo el acento en el cambio de relato del Ejecutivo, que pasa a describir el entorno digital como un “salvaje oeste” que necesita ser ordenado. Explica que no se anuncia nada sustancialmente nuevo, sino que se activan y empaquetan medidas que ya estaban en tramitación. Señala también el giro del Gobierno, que pasa del énfasis en la innovación al de la protección y, con ello, refuerza la idea de que la tecnología no es neutral. El texto se apoya en la infancia como marco moral incuestionable, a buenas horas, y en referencias a medidas internacionales que ya han dado pasos en esa dirección. El cómo se va a ejecutar todo permanece difuso y parece importar menos que el titular, mientras sobrevuela el riesgo de trasladar la carga a las familias y a centros educativos que carecen de recursos suficientes. En esta información aparece la educación digital, pero en un segundo plano frente al control legal.

Todo este debate no debería centrarse ni en Musk ni en Sánchez. Se trata, en realidad, de cerrar por fin la etapa del laissez-faire digital. Las consecuencias ya son irreversibles y habrá que ver cómo se afrontan, pero no podemos seguir exponiendo a la población a los efectos de las redes sociales mientras los oligarcas tecnológicos incrementan sus beneficios de forma exponencial. Al menos, el Estado asume que ha llegado tarde; queda por ver si este movimiento supone realmente un punto de inflexión.

La noticia de La Razón introduce un enfoque más técnico y estructural al centrar el debate en el papel de los algoritmos y en la denominada “huella de odio y polarización” que generan las plataformas. Entra de lleno en la trazabilidad algorítmica, señalando directamente a plataformas como TikTok o Instagram y a la ingeniería de la atención. No pone el acento en la edad o en el contenido, sino en la responsabilidad estructural que deriva de cómo se diseñan, optimizan y monetizan las redes sociales. Apunta a la necesidad de someter el algoritmo a inspección, hasta ahora prácticamente intocable por ser la clave del beneficio de las empresas tecnológicas. En este sentido, la noticia converge con un consenso técnico en el que muchos expertos coincidimos: prohibir sin educar es una misión fallida, y regular sin transparencia algorítmica tiene un impacto limitado sobre el núcleo del problema.

La crítica que se formula desde esta información sostiene que la ley es adecuada, pero su éxito dependerá de la capacidad real de auditoría, de que la inspección técnica sea verdaderamente independiente y de que las sanciones previstas sean efectivas y sostenidas en el tiempo. En última instancia, lo que debe desaparecer es cualquier huella de odio y polarización, evitando que el concepto quede reducido a una etiqueta mediática y traduciéndolo en hechos y resultados verificables.

El artículo de El País del 5 de febrero eleva el debate a un plano distinto al situarlo como un enfrentamiento abierto entre el poder político y las grandes plataformas tecnológicas, personificado en el choque entre el Gobierno y Telegram. Si hasta ese momento el debate se había movido en planos técnico, educativo y político-jurídico, aquí se formula en términos de poder: el Estado frente a la tecnooligarquía, el poder democrático frente al poder infraestructural privado. Resulta especialmente significativa la frase de Sánchez, “que los tecnooligarcas ladren”, porque marca bandos y sugiere que la reacción de estas plataformas sería una prueba de que se avanza en la dirección correcta.

Este episodio deja claro que Telegram no se limita a prestar un servicio. Actúa, además, como un actor político a escala internacional: moviliza a sus usuarios, construye relato y trata de deslegitimar la acción del Estado. El conflicto, por tanto, ya no gira solo en torno a regulación o protección de menores, sino en torno a quién ejerce el poder real sobre las infraestructuras digitales y con qué límites

Creo que ya va siendo hora de que defendamos la libertad de la prostitución a la que está siendo sometida últimamente, donde cualquiera, en nombre de la libertad, exige hacer lo que le da la gana. Tal vez sea tiempo de recuperar a Jean-Paul Sartre y su la liberté fait nausée, núcleo duro de su existencialismo, en el que afirma que la libertad no reconforta, sino que abruma. Produce angustia y náusea porque implica responsabilidad total sobre lo que somos y hacemos, sin excusas. Señoras y señores, no se precipiten a defender sus ocurrencias en nombre de la libertad. Dejemos espacio a normas, ideologías y rutinas que nos liberen del coste psicológico de decidir constantemente qué es bueno para todos.

El conflicto se presenta de forma simplista como una oposición entre libertad de expresión y control estatal, un argumento que la oligarquía tecnológica lleva esgrimiendo desde sus orígenes. Es un marco cómodo, pero profundamente engañoso. El espacio digital no es libre en sentido filosófico: ya está regulado, ordenado y jerarquizado por algoritmos privados que deciden qué vemos, cuánto tiempo permanecemos y qué emociones se activan. Hablar de libertad ignorando este hecho es confundir ausencia de ley con autonomía real. Y en el caso de los menores, o de personas psicológicamente vulnerables, de lo que escapamos pocos, esta confusión resulta especialmente grave.

Desde la psicología evolutiva sabemos desde hace décadas que niños y adolescentes no disponen aún de un control ejecutivo plenamente desarrollado. Su capacidad para resistir el refuerzo inmediato, la búsqueda constante de validación social o la polarización emocional es limitada. Como ya señalé en una entrada anterior de este blog, las redes sociales no explotan un fallo moral, sino una arquitectura cognitiva todavía inmadura. No es difícil encontrar, tanto en la literatura científica como en la divulgativa, datos que muestran un punto de inflexión al alza en los índices de depresión e incluso de suicidio adolescente, coincidiendo con la expansión de las redes sociales y con la generalización del teléfono móvil como regalo habitual en comuniones y cumpleaños de niños de apenas diez años. Negar que niños, preadolescentes y adolescentes no son suficientemente maduros para una exposición intensa a las redes sociales no es una defensa de la libertad, sino una forma de abandono adulto. Cuando las plataformas apelan a la libertad sin distinguir entre adultos y menores, equiparan derechos con capacidades, y esa equiparación es sencillamente falsa.

Prohibir, por sí solo, no educa. Eso está superado desde hace décadas. Pero tampoco educa mirar hacia otro lado mientras los menores pasan horas en entornos diseñados para capturar la atención, condicionar la conducta, intervenir en el desarrollo cerebral de los preadolescentes y modelar la identidad. La prohibición puede ser, como mucho, una medida de contención, tiempo ganado o una señal cultural que marque un límite. El error histórico ha sido pensar que la ley sustituye al acompañamiento, que el dispositivo sustituye al adulto o que la competencia digital equivale a criterio moral. El mensaje, el de la vida y la historia, no el de los medios, es claro: no podemos depender de decretos ni de las propias tecnológicas. Lo que hace daño, lo que no hace bien, no es bueno. Parece obvio, pero hemos tardado más de un cuarto de siglo en asumirlo.

En este contexto, el papel de los docentes se ha vuelto especialmente frágil. A los profesores se les exige formar pensamiento crítico, autorregulación y madurez emocional mientras compiten con sistemas diseñados para neutralizar precisamente esas capacidades, y mientras ellos mismos intentan proteger su pensamiento crítico, autorregularse y preservar su estabilidad emocional. Todo ello sin formación suficiente, sin respaldo normativo claro y, en muchos casos, sin coherencia entre lo que ocurre en la escuela y lo que sucede en casa. El docente queda reducido a una figura de resistencia individual. La escuela no puede educar contra el algoritmo en soledad. Necesita marcos compartidos, tiempos protegidos y un mensaje social coherente que no la deje sola frente a un mercado global.

¿Y las familias? Su responsabilidad es aún más incómoda de asumir. Muchos padres han delegado en la tecnología decisiones que implican presencia, conflicto y límites. No siempre por dejadez, sino por agotamiento, culpa o miedo a frustrar a sus hijos. Pero educar siempre ha implicado poner límites impopulares, sostener frustraciones y llegar antes que el mercado. Ninguna ley sustituirá al adulto que retrasa el acceso, acompaña el uso, explica el porqué y asume el coste emocional de decir “no”. Sé que es fácil decirlo y muy difícil llevarlo a la práctica, lo sé de primera mano, pero el coste de no ejercer como adultos es altísimo y las consecuencias, en muchos casos, irreversibles.

Siempre me ha gustado abordar los debates desde un enfoque filosófico, tanto los internos como los externos, y defender el esfuerzo por pensar bien, apoyándonos en evidencias y argumentos sólidos. En este caso, además, el debate es profundamente filosófico. No trata solo de regulación, sino de quién manda en la formación del carácter. Si aceptamos que la educación forma ciudadanos y que la infancia es una etapa de especial protección, resulta insostenible asumir con naturalidad que la construcción de hábitos, valores y emociones quede en manos de modelos de negocio privados, opacos y transnacionales, gobernados por un algoritmo. Eso no es libertad, es una renuncia adulta a ejercer la responsabilidad que históricamente ha acompañado al acto de educar.

Ni el Estado puede convertirse en un vigilante omnipresente, ni las plataformas en árbitros morales, ni la escuela en el último dique de contención, ni las familias en espectadores culpabilizados. La salida no está en los extremos, sino en algo menos espectacular y mucho más exigente: límites claros, educación lenta, adultos presentes y una responsabilidad compartida que deje de delegar lo esencial. Este debate no va de un presidente ni de un empresario tecnológico. Va de qué hacemos los adultos cuando el mundo cambia más rápido que nuestra capacidad de educar. La prohibición puede ser el síntoma de haber llegado tarde. La ausencia de educación, una forma de abandono.

Entre ambos extremos, la educación, la de verdad, sigue siendo la única salida sólida y duradera.